Pepe Rodado. Llevo más de dos meses sin trabajar debido a la Covid-19. El lugar donde trabajo es una residencia de jóvenes deportistas ligada a un instituto. No podremos volver al trabajo hasta que abran los institutos. Mientras, me planteé como podía echar una mano ante tantas necesidades como iban apareciendo. Después de ofrecerme a Cáritas, me propusieron participar en un punto de distribución de alimentos atendiendo a familias que, por primera vez, se acercaban a Cáritas debido a la pérdida del trabajo o al paro de los trabajos (con un ERTE) por el coronavirus. Llevo más de un mes colaborando en esta tarea. ¿Qué he observado desde este lugar en estas semanas?
Un 70% de las familias son inmigrantes “sin papeles”. En situaciones muy diversas en algunos aspectos, no así en el resultado final de necesidad máxima. Me explico. Muchos de ellos no llevan mucho tiempo en nuestro país: entre unos meses y menos de dos años. Hay otros que llevan tres o más años y todavía no tienen papeles. Algunos los habían presentado y la paralización administrativa los ha dejado congelados. Otros están a la espera de conseguir un contrato laboral de un año a jornada completa para poder presentarlos. Esta es una de las exigencias absolutamente injustas de la Ley de extranjería que impide a muchas personas, a pesar del arraigo en el país, poder regularizar su situación en España y acceder a un mercado de trabajo regular, primer paso para poder adquirir la ciudadanía con los derechos correspondientes.
De este grupo, lógicamente, los que trabajaban lo hacían sin contrato y la pandemia les ha quitado la fuente de ingresos para ir tirando en el día a día, ya que los trabajos que hacían han quedado parados: trabajos de cuidado, de limpieza, en la construcción, etc.
Otro grupo importante es el de las personas que trabajaban legalmente, pero la empresa ha hecho un ERTE. Muchas de ellas lo hacían en el mundo de la hostelería y la restauración. ¡Resulta que casi nadie, a mediados de mayo, ha cobrado nada todavía! Aunque el ERTE era de mediados de marzo. Solo algunos han cobrado el mes de marzo. Por lo tanto, llevan un mes y medio sin entradas. La angustia por no poder hacer frente a la alimentación, el pago de los suministros, de los alquileres de los pisos o habitaciones, etc., es notable. En esta situación hay personas de origen inmigrante con permiso de residencia y trabajo y también personas del país. Según datos de CCOO, a día de hoy hay 15.000 trabajadores y trabajadoras que no han cobrado el ERTE, y en esta cifra sólo constan los de medianas o grandes empresas, no los de las pequeñas, como es el caso de los que han venido al punto de distribución de alimentos donde colaboro.
Un grupo menor, pero que me ha llamado la atención, es el de personas que estaban en nuestro país de turismo y les ha cogido la situación de alarma proclamada por los gobiernos respectivos donde se han prohibido o reducido al mínimo los vuelos. No han podido volver a sus países y han consumido todos los recursos de que disponían. Los consulados y la embajada les han dejado colgados. Los de este grupo son principalmente de Sudamérica.
Algunos casos más concretos. El de una madre con dos hijos adolescentes que llevan seis meses en nuestro país. Aún no han conseguido empadronarse por las trabas burocráticas, a las que se ha añadido la no atención en las oficinas presencialmente, y los medios telemáticos están colapsados. Resultado: los dos muchachos no han podido escolarizarse y pierden todo el curso. Además de no tener acceso a los derechos básicos que otorga el empadronamiento.
Una mujer joven que trabajaba en una tienda estaba de baja maternal cuando entró en vigor el paro por el estado de alarma. La pequeña empresa optó por acogerse a un ERTE…, ¡pero se olvidaron de ella y no la incluyeron! Un “olvido” que la ha dejado a ella y a sus dos hijos en el límite, en una habitación de alquiler de la que la amenazan de echar si no paga…
O el de varias personas con formación en educación y sanidad que se enfrentan a una casi misión imposible cuando intentan convalidar sus estudios. Precisamente profesionales que podrían tener posibilidades de trabajo ante la necesidad que tenemos en estos ámbitos.
O el de un par de personas que les han rescindido el contrato de obra y servicio por la situación del coronavirus, siendo su única fuente de ingresos.
Esta es la fotografía desde la atención directa a 120 familias. Es una fotografía fiel de una realidad laboral y social mucho más amplia. Como la punta de un iceberg. Ella nos habla, a condición de que queramos verla y escucharla. Es fundamental verla y escucharla en tanto que personas, como trabajadores y trabajadoras con las que podemos identificarnos. Pero más importante aún es que sean vistas y escuchadas por los responsables políticos, para que puedan dar una respuesta decente a estas personas. La mayoría de ellas expresan que solo quieren vivir de su trabajo y viven con cierta vergüenza el tener que pedir ayuda… Por eso esta semana, cuando han vuelto por segunda vez a recoger los alimentos, he descubierto una lucecita de esperanza en los ojos y la voz de un grupo de ellos, porque han empezado a hacer algunas horas, los han llamado del trabajo diciendo que a finales de mes o principios de junio reanudarán el trabajo y cuentan con ellos.
Una vez más constatamos que el trabajo es mucho más que un puro medio para obtener recursos materiales para subsistir. Es una acción que expresa la dignidad y la autonomía personal y otorga un lugar social. ¿Lo tendrá en cuenta la “nueva normalidad”? ¿O ésta sólo significa seguir con las mismas condiciones laborales, pero con mascarilla y distancia física? (¡Me niego a aceptar el concepto de distancia social, que es terrible y bien significativo!).
Las situaciones referidas, reales e hirientes, son una denuncia viva de unas condiciones de vida laborales y sociales que son inadmisibles y que habrá que modificar a favor de las personas si queremos ser una sociedad decente. Solo esta acción será digna de llamarse acción política. Por este motivo preferimos hacer nuestra la expresión de Guy Ryder, director general de la OIT, que afirma que más que una nueva normalidad lo que hay que hacer es entrar en una normalidad mejor para todos.
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